La integración en organismos paralelos como los consejos consultivos, el solapamiento de varios salarios de la función pública o la falta de cuantificación impiden delimitar las prebendas de los expresidentes autonómicos.
Casi nada es fácil a la hora de hablar de los comunidades autónomas españolas, pero si hay un aspecto sometido a especial opacidad es el concerniente al estatus exacto que se les reconoce a sus respectivos ex presidentes, una vez que han dejado el cargo. Y lo más compicado es cuantificarlo en dinero contante y sonante.
El catálogo de prebendas es extenso, variado y, por tanto difícil de controlar; dependiendo del territorio que se considere discurre desde rentas vitalicias hasta pago de dietas para desplazamientos a actos oficiales (a los que estos políticos todavía asisten aun cuando no está claro a quién representan).
De hecho, no hay un punto de partida definido que, como mínimo, permita establecer comparaciones entre regiones. En España se dan los dos extremos: por un lado, regiones como Aragón, Canarias o Baleares que, oficialmente no reconocen a sus presidentes ningún tratamiento especial, una vez que han dejado el puesto de mando; por el otro lado, aparecen autonomías como Cataluña o el País Vasco, que consideran que uno nunca deja de ser molt honorable o lehendakari y ha de ser tratado como tal.
Hay variaciones incluso en el muy extendido uso de permitir que el mandatario saliente siga cobrando durante determinados años un porcentaje concreto (en el entorno del 60 por ciento) del sueldo que percibía estando en activo. En algunos casos, la proporción se fija con respecto al salario que efectivamente era cobrado; sin embargo, hay variantes exóticas como la catalana que fija la remuneración en el 80 por ciento de lo cobrado por el president que se encuentre en ejercicio en un determinado momento (en el caso de Artur Mas, 115.224 euros por año) y, por tiempo, ilimitado.
Sin incompatibilidades
Más allá de lo variopinto de las particularidades de cada región, seguirle la pista a un ex presidente autonómico también resulta tarea ardua debido a la dificultad para desglosar el origen de las numerosas fuentes de recursos que un político puede simultanear, sin contravenir la ley por ello.
Hay que considerar que un gran número de ex jefes de Ejecutivos autonómicos han continuado su carrera en la instituciones pasando a ser senadores o diputados en las Cortes nacionales o autonómicas.
Por ejemplo, en el caso de Manuel Chaves son variados los cálculos acerca de qué proviene del escaño que ocupa como diputados del Grupo Socialista, y qué corresponde a la compensación monetaria como ex número uno de la Junta de Andalucía a la que tiene que derecho y que, a su vez, se solapa con la pensión vitalicia a la que también accede en reconocimiento por haber ocupado ese cargo.
Consejos 'oscuros'
En múltiples circunstancias, la mejor manera de dificultar la delimitación de los privilegios de un determinado barón es hacerle miembro de uno de los múltiples consejos consultivos que existen a la largo y ancho de la geografía española. De hecho, son tantos que sólo País Vasco y Cantabria no disponen de ellos.
Las funciones de los miembros de estos consejos no están claras, como tampoco lo está la cuantía de los sueldos que reciben. Lo único indiscutible es que estos organismos se hallan bien dotados de recursos. Sus dotaciones presupuestarias discurren entre los 360.000 euros propios del Consejo Consultivo de La Rioja, frente a los más de tres millones de euros de que dispone el propio de la Comunidad de Madrid.
Incorporación automática
Su complicada jerarquía también hace difícil determinar cuántos son sus miembros efectivos, aunque, por regla general, se asume que los ex presidentes autonómicos pasan automáticamente a engrosar su quórum. Con todo, ha habido casos de renuncia como la de, entre otros, Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana o la propia de José María Barreda en Castilla La-Mancha.
Ser miembro del Consejo Consultivo aporta en ocasiones ventajas no desdeñables como las que disfruta, en Galicia, Emilio Pérez Touriño con secretaria a su servicio, automóvil propio y chófer.
En otras ocasiones, las dificultades para seguir la pista a los ex mandatarios se plantean en el uso efectivo que hace un determinado político de unas atribuciones o prebendas que sí están perfectamente consignadas negro sobre blanco.
Así, resulta reconocido por todos los expertos que Extremadura es una de las comunidades que más mima a sus ex presidentes, casi a la altura del trato cuasi privilegiado que reconoce el País Vasco o Cataluña.
Reforma polémica
Así, no es ningún secreto que reconoce el derecho a pensión vitalicia, asignación mensual, dietas, gastos de viaje, estancias y traslados, además de despacho. Hasta 2007, hizo uso de este último el que hasta hace poco ha sido el único presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo que no fue constitutivo de escándalo por sí solo, sino en lo concerniente a la millonaria remodelación (cuyo monto ascendió a 1,6 millones de euros).
En el caso de Cataluña, el uso real que los ex presidentes Jordi Pujol, José Montilla y Pascual Maragall hacen de sus respectivas instalaciones es lo que ha motivado el escándalo. De acuerdo con las revelaciones recientes de ABC, los alquileres conjuntos de los tres inmuebles, situados en las zonas más exclusivas de Barcelona, suponen un desembolso, a cargo del erario público de 389.195 euros. Mientras que las nóminas de las personas que trabajan a su servicio acumula un monto que asciende a los 512.000 euros.
En el caso del País Vasco, los gastos de mantenimiento de oficinas se encuentran en los 68.273 euros al año.
Andalucía
Manuel Chaves. Presidente 1990-2009. El barón socialista disfrutó hasta el año 2007 de una oficina propia, en cuya remodelación gastó 1,6 millones de euros. disfruta, además, de asignación mensual, dietas de viaje; pensión vitalicia.Fernández Vara ha renunciado a estos privilegios.
Rafael Escuredo. Presidente 1979-1984. J. Rodríguez de la Borbolla. Presidente 1984-1990. El segundo y el tercer presidentes de la historia de la Junta de Andalucía, ambos pertenecientes al PSOE, tienen derecho a una pensión vitalicia con una asignación mensual equivalente al 60 por ciento del sueldo que percibían cuando ocupaban el cargo. Además, pasaron a formar parte del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma. La pertenencia a dicho organismo, con funciones exclusivamente asesoras, da derecho a disponer de una oficina propia, con secretaria y servicio de seguridad personal, cuyo coste completo no ha podido ser determinado.
Castilla La Mancha
José Bono. Presidente 1983-2004. El ex ministro de Defensa cuenta con derecho a un despacho con coste anual de 160.000 euros para las arcas regionales, ya que dispone de dos secretarias, conductor, seguridad personal. Su sucesor, José María Barreda, abandonó el cargo renunciando a ese privilegio.
Castilla y León
Demetrio Madrid. Presidente 1983-1986. José Constantino Nalda. 1986-1987. Ambos ex presidentes, pertenecientes al PSOE, han pasado a formar parte del Consejo Consultivo de Castilla León desde los 70 años. Dicho organismo es, entre los de su clase en España, uno de los que recibe una mayor asignación anual, se sitúa en el entorno de los 1,3 millones de euros, de acuerdo con las cifras más recientes. Además, actualmente, un ex presidente de la Junta tiene derecho a una remuneración de 78.000 euros por año durante un mínimo de dos ejercicios. Sus sucesores José María Aznar, Jesús María Posada y Juan José Lucas renunciaron a entrar en el Consejo.
Cataluña
Jordi Pujol. Presidente 1980-2003. Pascual Maragall. Presidente 2003-2006. José Montilla. Presidente 2006-2010. El que es 'molt honorable' una vez ya tiene esa consideración durante el resto de su vida. Traducido en términos económios, ello equivale a una compensación de 115.224 euros por año, equivalente al 80%del sueldo del 'president' que se encuentre en ejercicio (en este caso, Artur Mas). Igualmente, su pensión no sólo es vitalicia sino transferible a hijos menores y a esposa. Cuentan además con servicio de seguridad personal, despacho con derecho de uso sin límite de tiempo en las zonas más exclusivas de Barcelona y secretaria; chófer y coche personal. En total todos estos gastos suponen un desembolso de 389.195 euros al año en concepto de alquileres de las oficinas, a los que hay que sumar 512.766 euros anuales que van destinados a las nóminas que los tres ex presidentes tienen a su servicio. Todo por cortesía del erario público catalá.
Extremadura
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Presidente 1983-2007. El barón socialista disfrutó hasta el año 2007 de una oficina propia, en cuya remodelación gastó 1,6 millones de euros. disfruta, además, de asignación mensual, dietas de viaje; pensión vitalicia. Fernández Vara ha renunciado a estos privilegios.
Galicia
Emilio Pérez Touriño. Presidente 2005-2009. Tras su salida de la Xunta, el político del PSG se convirtió en miembro del Consejo Consultivo. esa situación supone un sueldo de 67.000 euros por año, más unos costes por disponer de secretaria, coche propio y chófer que no ha podido determinarse.
Madrid
Joaquín Leguina. Presidente 1983-1995. El ex presidente madrileño pertenece al Consejo Consultivo con sueldo de 70.000 euros/año. Dicho Consejo es el de más reciente creación de entre los de su clase en España, data de 2009, y su presupuesto se sitúa por encima de los 3,6 millones de euros anuales.
Navarra
Miguel Sanz. Presidente 1996-2011. Los expresidentes navarros cobran una pensión vitalicia de 64.296 euros al año. Es la principal prebenda de unas de las dos únicas comunidades españolas que no cuenta con Consejo Consultivo. Sanz, además, es presidente de la empresa Audenasa.
País Vasco
Carlos Garaikoetxea. Presidente 1980-1985. José Antonio Ardanza. Presidente 1985-1999. Juan José Ibarretxe. Presidente 1999-2009. Patxi López. Presidente 2009-2011. Al igual que en Cataluña, ser persidente del Gobierno regional supone mantener un trato de distinción durante todos los años posteriores al abandono del cargo. En otras palabras pueden disponer de oficina propia ya sea en el País Vasco o en Navarra (Garaikoetxea la tiene situada en Pamplona, mientras que sus otros dos beneficiarios se han decantado por Vitoria). De momento, sólo Patxi López ha abandonado la mencionada ciudad vasca sin hacer uso de ese derecho, aunque puede que lo haga en el futuro. El inmueble viene acompañado de secretaria, coche y chófer. Además, la consideración permanente de lehendakaris da lugar a otro tipo de derechos económicos como el que permite cobrar un 40% de su sueldo ya un año después de dejar el cargo. El porcentanje asciende al 50% una vez que los beneficiarios alcanzan la edad de la jubilación. En total, los gastos anuales que supone el mantenimiento de las oficinas de Garaikoetxea, Ardanza e Ibarretxe asciende a 68.273 euros anuales, en los que van incluidos los desembolsos que los ex jefes de Gobierno pueden acumular en concepto de dietas de viaje o desplazamientos.
Comunidad Valenciana
Francisco Camps. Presidente 2003-2011. El polémico ex presidente de la Generalitat valenciana, tras dimitir, pasó a ser miembro del Consejo Consultivo con sueldo de 77.000 euros/año, que incluye secretaria y chófer. Ninguno de sus antecesores ha hecho uso de ese tipo de privilegios.
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