La Constitución Española permite pero no
obliga a tener una administración intermedia entre el Estado y la
Administración Local.
Sería interesante analizar cómo han
llegado muchas regiones a la autonomía o cómo incluso se obtuvo de forma
ilegal en Andalucía. El estatuto de Cataluña de 2006 fue votado por
menos de la mitad de los catalanes con derecho a voto
(el 51,2% no lo votó). En el referéndum del primer estatuto andaluz, el
20 de octubre de 1981, la abstención se acercó al 50% por lo que
realmente sólo fue votado favorablemente por el 47,8% de los andaluces
mientras el 52,2% no lo votó o lo hizo en contra o en blanco. Peor aún
son los datos del referéndum del segundo estatuto andaluz, el de 18 de
febrero de 2007, donde sólo acudió a votar el 36,28% de la población
con derecho a voto por lo que el vigente estatuto de autonomía de
Andalucía sólo fue votado favorablemente por el 31,05% de los andaluces.
7 de cada 10 andaluces no lo votaron o lo hicieron en contra o en
blanco.
La estructura política e institucional de las
comunidades autónomas está empobreciendo a los ciudadanos mientras sigue
enriqueciendo a una casta política indigna.
En un primer
paso, si hubiera voluntad política, se podrían empezar a adelgazar YA
las autonomías: eliminación de TODAS las empresas, agencias y
fundaciones públicas; eliminación o venta de las televisiones
autonómicas; cierre inmediato de “embajadas” autonómicas y devolución
inmediata de algunas trasferencias al Estado o los ayuntamientos.
En un segundo paso, habría que convocar referéndum y preguntar al
ciudadano si está dispuesto a seguir manteniendo el innecesario,
ineficiente y caro sistema autonómico o prefiere ahorrarse los 86.000
millones anuales [2] que estamos pagando de sobrecoste para mantener las
autonomías.
Es obvio que ningún partido va a tirar piedras
sobre su propio tejado, sobre el sistema que da de comer a decenas de
miles de enchufados en la Administración. Así que esto sólo puede venir
por auténtica exigencia ciudadana. Una sociedad civil activa no puede
permitir que los intereses políticos terminen de arruinar a los
españoles. Es hora de alejarse de consignas y movimientos partidistas,
de sindicatos clasistas que sólo representan sus propios intereses o de
medios de comunicación que sólo actúan como altavoces del mensaje de las
castas políticas. Sólo los ciudadanos españoles, de forma tan pacífica
y civiliza como decidida y valiente, señalando y denunciando la
situación podemos seguir despertando a la sociedad civil hasta que los
partidos políticos terminen por tener que admitir la realización de un
referéndum sobre las autonomías y las reformas estructurales que
necesitamos para garantizar la democracia y evitar que nos vuelva a
estafar la casta política en un futuro.
¿Cuántas veces hemos
visto casos de corrupción en políticos de PP, PSOE, IU, CIU, PNV... que
son defendidos por sus propios partidos o que incluso salen impunes tras
recurrir hasta tribunales elegidos por el poder político o porque el
delito ha prescrito?.
Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos
sentido sana envidia al oír cómo en Reino Unido un ministro dimite por
mentir sobre una multa de tráfico o en Alemania hace lo mismo otro
ministro por copiar su tesis doctoral?
El Presidente del
Gobierno puede solicitar al Congreso de los Diputados autorización para
efectuar un referéndum consultivo sobre el tema de las autonomías. (Ley
orgánica 2/1980). El Congreso por mayoría absoluta puede autorizar la
convocatoria y el Presidente del Gobierno solicita al rey su
convocatoria. (Art.92.2 Constitución Española). Desde este punto, para
la ejecución del Referéndum se aplica el Régimen Electoral General (Ley
Orgánica 5/1985).
Si el resultado del referéndum obliga a
cambiar la Constitución, debe procederse a aplicar el artículo 167 de la
Constitución Española e iniciar el trámite correspondiente.
Una inmensa mayoría de ciudadanos empiezan a señalar con el dedo a las
autonomías como el principal problema que tenemos los españoles para
poder hacer sostenible la administración y mantener el estado del
bienestar. Es cierto que las castas políticas siguen aferrándose a
ellas mientras prefieren seguir recortando servicios y cargando el peso
de esta crisis sobre el ciudadano. Pero, si en Reino Unido o Alemania
un ministro se ve obligado a dimitir por una simple multa de tráfico,
¿cuánto tiempo aguantará aquí una casta política indigna (desde la
izquierda hasta la derecha pasando por los nacionalistas) sin atajar el
cáncer autonómico que nos está arruinando, si la sociedad civil sigue
empobreciéndose pero empieza a levantar su voz pacíficamente para
señalar con el dedo a la raíz del problema?
FUENTE:REFERENDUM AUTONOMIAS YA
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