LAS AUTONOMIAS ; DEL SEPARATISMO AL ABISMO ECONOMICO.

fuente : elimparcial.es

Los 17 micro-estados poseen las tres competencias clave para el plan de austeridad

Entre 90.000 y 150.000 millones de euros ahorraríamos sin el sistema de autonomías

Sr . Ministro de Economia , Sr de Guindos


Casi a diario, fuentes comunitarias señalan al sistema de autonomías español como uno de los grandes lastres de la economía de nuestro país a la hora de salir de la crisis. Esta misma semana, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, trasladaba a Mariano Rajoy la propuesta de devolver al Estado las competencias en Sanidad, Educación y Justicia de las 17 regiones, lo que a su juicio supondría un ahorro de 48.000 millones de euros al año. Pero, ¿cuánto nos cuestan las Comunidades a los españoles? ¿A dónde va todo ese dinero?

Por Borja M. Herraiz
 

Desde que la democracia se instauró como forma de gobierno en España a finales de la década de los años 70, nuestro país ha vivido un progresivo proceso de descentralización de las competencias públicas, que ha terminado por atomizar la economía, amparado en la Constitución de 1978.
Más de tres décadas de autonomías han provocado que las cuentas generales del Estado se hayan convertido en un conglomerado de diecisiete partidas diferentes en las que muchas de las atribuciones de la Administración están repetidas hasta por triplicado en lo que supone una fuga de miles de millones de euros al año.
En la actualidad, con la crisis golpeando con especial virulencia a nuestro país, ese dinero se ha convertido en protagonista, ya que la Comisión Europea ha señalado a las Comunidades Autónomas como el principal lastre de España para poder poner orden en sus cuentas y empezar a salir de la complicada situación financiera por la que atraviesa. De hecho, se señala a las cuentas regionales como el principal culpable de la desconfianza de los mercados financieros en nuestra economía.
Recortes: ¿17.000 o 120.000 millones?
Desde que Mariano Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno hace ahora poco más de tres meses, el nuevo Ejecutivo se ha enzarzado en una dura batalla con los números para intentar cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos de déficit previstos para este año, fijados en el 5,3 por ciento. Pero puede que los recortes ya anunciados no sean suficientes si los gobiernos regionales no adelgazan también sus facturas.
En este sentido, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, recomendaba el pasado miércoles que se devuelvan al Estado las competencias en materia de Sanidad, Educación y Justicia y que los ayuntamientos asuman las de transportes y los servicios sociales. Su propuesta ha encontrado un inesperado y relativo apoyo en Artur Mas, presidente de la Generalidad, que se sumaría a esta medida siempre y cuando no afectara a Cataluña o al País Vasco.
Por lo pronto, Rajoy ya ha anunciado un recorte de 10.000 millones de euros en las dos piedras angulares del sistema social de nuestro país, la salud (7.000 millones) y la educación (3.000 millones), además de haber dado luz verde a un plan de refinanciación autonómico que prevé ahorrar hasta 7.000 millones de euros más. Mientras, Aguirre calcula que, de poner en marcha su idea, de la que no ha dado detalle, al menos en público, España podría llegar a dejar de gastarse más del doble de lo estimado por La Moncloa: 48.000 millones de euros.
EL IMPARCIAL se ha puesto en contacto con el equipo de la presidenta madrileña para averiguar los detalles de esta propuesta, pero se señala desde la Comunidad que es una cifra "orientativa" y "preliminar".
En la actualidad, Sanidad, Educación y Justicia son las tres grandes áreas transferidas a las Comunidades Autónomas y copan hasta el 80 por ciento de la partida presupuestaria asignada a las regiones. La cuantía total de lo que el Gobierno central desvía a las diecisiete entidades es muy difícil de calcular con exactitud, puesto que muchas de las partidas se cruzan entre gastos directos e indirectos y otros tantos se solapan debido a la maraña burocrática de nuestro sistema.
Sin embargo, algunos expertos la sitúan entre 90.000 (cantidad que hace referencia a 2009, último año liquidado del modelo de financiación) y 150.000 millones de euros, el equivalente a todas las ayudas comunitarias destinadas a Grecia o a la suma de los presupuestos para 2011 de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia.
De este modo, en caso de que el Ejecutivo de Rajoy accediera a recuperar las grandes competencias derivadas a las Comunidades, aunque el propio presidente señalaba esta semana que ni se lo plantea, el Estado podría llegar a ahorrarse entre 72.000 millones y 120.000 millones de euros, hasta 8 de cada 10 euros 'regionales'. Eso sí, muchos gastos no se verían reducidos o eliminados sino trasladados, como es el caso del personal médico o del profesorado público, cuyas nóminas pasarían a depender de la Administración Central.
En esta misma horquilla se mueve una estimación de Upyd, en la que se señala que el Estado podría haberse ahorrado 70.000 millones de euros en los últimos cuatro años de haber acometido medidas para mejorar la eficiencia de las Comunidades Autónomas y para eliminar duplicidades entre las diferentes administraciones.
Triple maraña burocrática
La estructura administrativa española, con tres ámbitos diferenciados (estatal, autonómico y local), provoca que muchas atribuciones en distintos ámbitos, como la representación, la seguridad o las infraestructuras, se vean triplicadas en algunos casos, lo que supone un incremento constante del gasto público.
A día de hoy, la Constitución española, en sus artículos 148 y 149, regula aquellas competencias exclusivas de las Comunidades y las compartidas con el Estado. Entre las primeras se encuentran, además de las ya mencionadas de Sanidad y Educación, las instituciones de autogobierno, obras, transportes e infraestructuras públicas regionales, medio ambiente, pesca, agricultura o patrimonio.
Si bien el debate de la estructura autonómica española trae cola desde hace años, no parece que el Gobierno se plantee modificarla a corto plazo, a pesar de que el ahorro podría arrojar algo de luz sobre la situación económica del país, muy necesitada de fondos. De todos modos, las presiones de Bruselas y lo apremiante de la crisis pueden obligar al Ejecutivo a profundizar en sus reformas regionales con el objetivo de sanear las cuentas del Estado.