La transferencia de competencias que realizó el Gobierno Central con la intención de agilizar y mejorar los servicios, no ha hecho más que empeorar la situación de las CCAA y generar un gasto duplicado en determinados servicios, situación ésta que en los momentos de crisis que atraviesa el país es insostenible.
Además la transferencia de competencias ha llevado a una discriminación en cuanto a los derechos de todos los españoles a ser iguales independientemente del lugar en el que vivan, como dice nuestra Constitución española. Los derechos forales y contributivos no son iguales en todas las Comunidades, el nivel impositivo lo establece cada Comunidad Autónoma, provocando un desequilibrio territorial que afecta a la fuga de empresas de unas comunidades a otras para verse beneficiadas por determinadas exenciones o rebajas.
Otra de las diferencias más significativas entre CCAA es la sanidad, un derecho fundamental de todos los españoles y al que no todos pueden acceder en igualdad de condiciones debido a la transferencia de este servicio. Así podemos ver como en determinadas Comunidades unas vacunas son gratuitas y en otras son de pago, o bien determinadas operaciones o intervenciones se practican en unas y en otras no. Esta desigualdad no es sostenible en un sistema de derecho en el que pretendemos vivir.
La Constitución Española se redactó para dar a todos y cada uno de los españoles los mismos derechos, pero cada día vemos discriminaciones entre Autonomías, favoreciendo a los residentes de las mismas y perjudicando al resto de españoles de nuestro país, la libertad de lengua no puede discriminar al castellano en algunas regiones, que pueda puntuar el conocimiento de la lengua de la comunidad en un examen de oposición o ante un determinado puesto de trabajo puede ser entendible, pero que sea un requisito imprescindible para ello, es una discriminación clara de los derechos constitucionales además de suponer una barrera de dinamización económica y para el empleo.
Uno de los motivos más preocupantes en estos momentos es el gasto y despilfarro autonómico que supone la descentralización, el sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo. Hay miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas. Un gasto que se hace insostenible para la economía de España y que no tiene otro sentido que el de mantener en determinados puestos a personal amigo.
Un ejemplo claro de despilfarro económico es el que presentan la educación y la sanidad, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, si la prestan 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.
Es indudable que nuestro modelo autonómico es deficitario y ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.
Una forma de eliminar las costosas duplicidades Estado-CCAA es revisar de manera urgente la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, porque aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española es asumible, la aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia exclusiva del Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y redundancias existentes. Todos los españoles, independientemente del lugar en que habiten, deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad similar.
Además, es indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías territoriales en un nivel semejante, para que todos los territorios autónomos establezcan techos competenciales. Los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros, porque esto supondría perder el privilegio de colocar a sus amigos y familiares de turno en puestos de “in –competencia” llenando sus bolisillos.
ADEIZA considera que se deben realizar campañas para la población sea consciente de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías. Y pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA.
Habría que exigir al Estado que vuelva a asumir las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias. Y lo más importante ser capaces de valorar a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA, tras la necesaria reforma de la Constitución.
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